Ley de Transparencia: un buen comienzo
Por @LaGuacolda
El ejercicio del poder por parte de cualquier autoridad debe llevar necesariamente aparejada una responsabilidad correlativa. Un poder ejercido sin control y sin límites genera un efecto totalmente contrario al buscado al momento de ser delegado por quien es titular de la Soberanía: el pueblo. Si bien siempre existe la posibilidad de que una autoridad “se arranque con los tarros”, tal idea repugna a la esencia misma del concepto de poder, pero lamentablemente en el inconciente colectivo existe cierto grado de permisividad al respecto.
Por fortuna, hay mecanismos para mantener algún control en este tema, aunque todos ellos son perfectibles. La función fiscalizadora de la Cámara de Diputados es un ejemplo de aquello, toda vez que si bien una de sus principales tareas es vigilar los actos emanados de los órganos de la Administración Pública, muchas veces la efectividad de tal labor se ve restringida por consideraciones de orden político, pues no resulta frecuente que los parlamentarios pertenecientes a la coalición gobernante (cualquiera que ésta sea) desaprueben el actuar de sus correligionarios.
Tanto es así que, en ocasiones, es casi irrisorio ver cómo dos sectores políticos distintos pueden tener una óptica tan dispar respecto de un mismo evento, siendo para algunos un atentado en contra de los intereses de la ciudadanía, y para otros, un acto que eleva al Presidente de la República a la categoría de estadista… y ni hablar de los argumentos de fondo en los que se sustentan dichas visiones: hace mucho tiempo no advierto tras ellos ni el más mínimo atisbo de la idea de “bien común”, que se supone mínimo común denominador en la doctrina y discurso de todos los sectores políticos.