Caleidoscopio: Ley de Transparencia: un buen comienzo

Ley de Transparencia: un buen comienzo
Por @LaGuacolda

El ejercicio del poder por parte de cualquier autoridad debe llevar necesariamente aparejada una responsabilidad correlativa. Un poder ejercido sin control y sin límites genera un efecto totalmente contrario al buscado al momento de ser delegado por quien es titular de la Soberanía: el pueblo. Si bien siempre existe la posibilidad de que una autoridad “se arranque con los tarros”, tal idea repugna a la esencia misma del concepto de poder, pero lamentablemente en el inconciente colectivo existe cierto grado de permisividad al respecto.

Por fortuna, hay mecanismos para mantener algún control en este tema, aunque todos ellos son perfectibles. La función fiscalizadora de la Cámara de Diputados es un ejemplo de aquello, toda vez que si bien una de sus principales tareas es vigilar los actos emanados de los órganos de la Administración Pública, muchas veces la efectividad de tal labor se ve restringida por consideraciones de orden político, pues no resulta frecuente que los parlamentarios pertenecientes a la coalición gobernante (cualquiera que ésta sea) desaprueben el actuar de sus correligionarios.

Tanto es así que, en ocasiones, es casi irrisorio ver cómo dos sectores políticos distintos pueden tener una óptica tan dispar respecto de un mismo evento, siendo para algunos un atentado en contra de los intereses de la ciudadanía, y para otros, un acto que eleva al Presidente de la República a la categoría de estadista… y ni hablar de los argumentos de fondo en los que se sustentan dichas visiones: hace mucho tiempo no advierto tras ellos ni el más mínimo atisbo de la idea de “bien común”, que se supone mínimo común denominador en la doctrina y discurso de todos los sectores políticos.

Sería ingenuo pensar que esta situación pudiere eventualmente cambiar con el tiempo pues, por regla general, un político defiende a los de “su lado”. Sin embargo, esta lamentable realidad nos hace retornar una vez más al punto de origen de este post: el ejercicio del poder por parte de cualquier autoridad debe llevar necesariamente aparejada una responsabilidad correlativa. Pero, si la elite política no está siendo todo lo eficiente que se necesita en la tarea de hacer efectivas las responsabilidades asociadas a los actos emanados por los órganos de la Administración Pública, ¿qué nos queda a los pobres ciudadanos de a pie?.

Un paso adelante en este tema ha sido la entrada en vigencia – en el año 2008- de la Ley N°20.285 sobre Acceso a la Información Pública, más conocida como “Ley de Transparencia”, y su Reglamento complementario. En virtud del “Principio de Transparencia de la Función Pública” establecido en su artículo 5°, los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, sus fundamentos, los documentos que le sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación son públicos, salvo excepciones establecidas en la propia ley o en otras de quórum calificado. Y es precisamente en razón de dicho principio que este cuerpo legal consagra el derecho de cualquier persona a solicitar de las autoridades información de carácter público relativa al ejercicio de sus funciones, además de cualquier información elaborada con presupuesto público, sin necesidad de indicar el motivo de la solicitud, y para el uso que estime conveniente.

Para la materialización del Principio de Transparencia consagrado en esta ley, los órganos de la Administración del Estado tienen la obligación de mantener en sus sitios web información permanente y actualizada al menos una vez al mes sobre diversos tópicos relevantes, tales como su personal de planta, a contrata y a honorarios, con indicación de sus respectivas remuneraciones; las contrataciones para el suministro de bienes, prestación de servicios, y la contratación de estudios y asesorías; las transferencias de fondos públicos; los trámites y requisitos que deben cumplirse para acceder a sus servicios; toda información sobre el presupuesto que le ha sido asignado a dicha entidad, y sus informes de ejecución; los resultados de las auditorias realizadas a su presupuesto, etc. Si un determinado servicio o institución no contase con sitio web propio, tendrá la obligación de mantener la información antedicha en el sitio web del Ministerio del cual depende.

De esta forma se facilita que cualquier interesado pueda solicitar dicha información a través del sitio web del respectivo órgano, o en su defecto, por escrito. Si la información que se requiere no se encuentra publicada en el sitio web respectivo, se puede solicitar en forma directa, en la medida que cumpla con el carácter de información pública y/o elaborada con presupuesto público. La solicitud de información debe contener su nombre, apellidos y dirección, la identificación clara de la información que requiere, el órgano administrativo al que dirige la solicitud, y su firma. No tiene costo para el solicitante, sin perjuicio de lo cual se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción.

Una vez hecha la solicitud de información, ella debe ser entregada en un plazo máximo de 20 días hábiles, el cual se puede extender excepcionalmente por otros 10 días hábiles, previa notificación de tal circunstancia al solicitante vía correo electrónico o carta certificada. Si transcurridos dichos plazos el solicitante no recibe respuesta, se le negare sin fundamento la entrega de la información solicitada, o bien, se le negare sosteniendo que se trata de información reservada (no pública), podrá recurrir ante el Consejo para la Transparencia, entidad autónoma encargada promover la transparencia de la Función Pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas de transparencia, y garantizar el derecho de acceso a la información pública. La reclamación debe presentarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha en que se debió recibir la información solicitada, o bien, a la fecha en que esta fue denegada infundadamente, con señalamiento de la infracción cometida y adjuntando los medios de prueba pertinentes. Si en la localidad no existiere oficina del Consejo para la Transparencia, la reclamación deberá hacerse ante la Gobernación Provincial respectiva.

Ante un reclamo de esta naturaleza, el Consejo para la Transparencia notificará a la entidad a la cual el ciudadano hizo la solicitud de información, pudiendo el jefe del servicio respectivo realizar descargos y observaciones dentro de un plazo de 10 días. Cumplido ese plazo, el Consejo se pronunciará sobre el reclamo, teniendo para ello un plazo de 5 días. Si el Consejo resolviere que el reclamo es procedente y, por tanto, la información debió ser entregada, fijará un plazo prudente para que ello ocurra, y podrá iniciar un sumario administrativo al interior del ente recurrido a objeto de determinar si existe infracción a la ley. El jefe de servicio que niegue injustificadamente el acceso a la información será sancionado con una multa de entre 20% y 50% de su remuneración, y en caso de persistir en su negativa, se le doblará la sanción pecuniaria y podrá ser suspendido de su cargo por 5 días. Pero si el Consejo resolviere que la entrega de la información solicitada no es procedente, el solicitante podrá presentar un Reclamo de Ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, para lo cual cuenta con un plazo de 15 días contado desde la notificación de la resolución del Consejo.

Cómo Ud. podrá ver, se trata de una herramienta útil en el propósito de hacer efectivas las responsabilidades que conlleva el ejercicio del poder. En la medida que podamos masificar su uso, no sería descabellado pensar que la ciudadanía tiene la posibilidad real de influir en el correcto ejercicio de la Función Pública. No obstante, ello requiere de un esfuerzo colectivo y de un compromiso ciudadano, no sólo en la iniciativa particular de solicitar la información pública, sino también en la difusión de las respuestas dadas por la entidad requerida, y más aún, en la difusión de la propia Ley de Transparencia y de los derechos y mecanismos por ella misma establecidos. Una importante iniciativa en tal sentido la constituyen proyectos particulares tales como el blog http://yonovotexel.blogspot.com, asociado a la cuenta Twitter @yonovotexel, en que podemos apreciar de manera clara y contundente los temas en los cuales se ha requerido información, las respuestas de la entidad requerida, y la información entregada por la misma (cuando ello ha ocurrido). En suma, el derecho consagrado en la Ley de Transparencia en plena acción. Lo invito a leerlo y a hacer propio el uso de esta herramienta que el legislador nos otorga, con mayor razón aún si Ud., como yo, estima que la Función Pública no puede ser ejercida “a lo compadre”. A mi juicio, contar con esta posibilidad de participar en el mejoramiento del ejercicio de la Función Pública es, desde luego, un buen comienzo.

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