Caleidoscopio: La Constitución de 1980 y su Soberanía “de cartón”

La Constitución de 1980 y su Soberanía “de cartón”
Por @LaGuacolda

“Chile es una república democrática”. Sí. Tal como Ud. lo lee. Así define la Constitución de 1980 – en su artículo 4° – a esta larga y angosta faja de tierra. Y a renglón seguido, en el artículo 5°, sin el menor asco declara: “La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece (…)”.

Sí. Ud. leyó bien. Dije “sin el menor asco”. La Constitución de 1980 es, a mi juicio, la mejor muestra de aquella frase popular que tan sabiamente dice “el papel aguanta mucho”, porque hay que ser bien cara de palo para declarar – ni más ni menos que en la Carta Fundamental – que la Soberanía radica en la Nación, siendo que en los hechos, la Nación jamás ha tenido la más mínima posibilidad de intervenir en la discusión y elaboración de las normas fundamentales que regirán su vida en comunidad. Siendo así, tal declaración no pasa de ser una bonita frase y, en consecuencia, el calificativo de “democrático” que se le atribuye a este Estado parece más un chiste cruel que otra cosa.

¿Sabía Ud. que, a lo largo de los más de 200 años de vida independiente de nuestro país, esta “Nación” que se califica de “soberana” nunca ha podido participar ni en el debate ni en la elaboración de ninguna de las Constituciones que le han regido?. De ninguna. Y obviamente mucho menos de la que nos rige hoy, ideada por una comisión designada por un régimen militar dictatorial, conforme a sus planes, utilitaria de sus objetivos, y protectora de sus abusos. Es esa misma Constitución la que tiene el descaro de decir que la Soberanía radica en la Nación, y que Chile es una república democrática. Insólito.

Si la Soberanía residiera efectivamente en la Nación, la Constitución debería emanar de una Asamblea Nacional Constituyente: un organismo compuesto por ciudadanos elegidos por el propio pueblo con el objeto de decidir en conjunto, previo debate, y teniendo en vista y consideración los intereses de todos los sectores sociales, los principios y la institucionalidad que regirá a dicha comunidad, surgiendo de esta forma un nuevo texto constitucional consensuado y democrático, o bien, una reforma sustancial al ya vigente. Este es, sin lugar a dudas, el procedimiento más democrático para crear o reformar una Constitución.

De hecho, la creación de una Asamblea de ese tipo suele ser el primer paso dado por un Estado que ha logrado salir de un régimen dictatorial o autoritario, a fin de consolidar y proteger de esta forma la Democracia recientemente recuperada. Así ha ocurrido en España, Perú, Brasil, Honduras, Nicaragua, Ecuador, Guatemala, Rumania, Colombia, Paraguay, Bolivia… mas no en Chile, motivo que me lleva a sostener que el tan mentado “período de transición a la Democracia” que tanto se apuraron los Gobiernos de la Concertación en dar por finalizado, realmente aún no termina. Pero esa es harina de otro costal, que espero tocar en este blog en un futuro próximo.

Este post no pretende ser una clase de Historia Constitucional de Chile. Si es Ud. un lector curioso, seguramente buscará por ahí algún Manual de Historia y podrá constatar mi afirmación respecto de lo antidemocráticos que han sido los procesos de elaboración y sanción de cada uno de los textos constitucionales que nos han regido históricamente. No obstante ello, quisiera detenerme un momento en la Constitución que hoy nos rige.

Ciertamente ya todos conocemos las particulares circunstancias bajo las cuales ésta vio la luz (sin libertad de prensa ni derecho a reunión, con medios de comunicación controlados por el Gobierno, sin posibilidad de realizar campaña opositora, sin registros electorales, con graves irregularidades en el escrutinio, etc.) y, al igual que las otras dos Constituciones que mayor tiempo de vigencia han tenido en Chile (1833 y 1925), su génesis ha sido forzada por las Fuerzas Armadas que, actuando como supuestas “garantes” del orden social, lograron imponer una institucionalidad muy distante de la deseada por la mayoría.

En efecto, y según sostiene el Doctor en Historia, don Sergio Grez Toso: “Las evidencias históricas demuestran que las Constituciones chilenas han surgido de la imposición militar y de maniobras, generalmente combinadas con el uso de la fuerza armada, de los grupos hegemónicos de las clases dominantes y de la clase política (civil y militar). Exceptuando algunas tentativas abortadas, como la “Constituyente Chica” de 1925, la ciudadanía ha sido casi siempre un espectador o un actor secundario que, a lo sumo, ha sido convocado a última hora por los grupos en el poder para respaldar o plebiscitar proyectos constitucionales preparados sigilosamente, pero nunca para participar activamente en su generación”.

Y lo que es peor, el drama se acrecienta: nuestra Constitución no sólo es ilegítima en sus génesis, sino también en sus objetivos. Legitimar una dictadura militar, implantar un sistema económico que permitiera la acumulación de riquezas en un reducido grupo de personas, y limitar al máximo las posibilidades de la sociedad chilena para reorganizarse y exigir el avance hacia un sistema democrático, claramente no son fines que persiga una Constitución que se precie de ser “democrática”. Y si bien a lo largo de su vigencia (obviamente con posterioridad al fin del Régimen Militar) este texto constitucional ha sido objeto de reformas, éstas fueron acordadas entre las cúpulas de los partidos políticos, sin intervención de la ciudadanía, y dejaron intactas las bases establecidas el texto original.

Aún más: siendo ilegítima en su génesis y objetivos, es además antidemocrática en su contenido y en la institucionalidad que establece: el Sistema Binominal, la ausencia de iniciativa popular de ley, la imposibilidad casi absoluta de realizar plebiscitos, la no consagración de un Derecho Revocatorio en virtud del cual el pueblo pueda destituir a las autoridades que no han desempeñado correctamente el encargo que la propia ciudadanía les ha encomendado, y la imposibilidad de elegir por vía de elección popular a ciertas autoridades, son los mejores ejemplos de lo anterior.

En suma, siendo nuestra Carta Fundamental el paradigma de la ilegitimidad, ¿no será quizás éste el momento en que la Nación – empoderada como está – deba exigir hacer uso (finalmente y por primera vez) del Poder Constituyente que emana de la Soberanía que detenta?. Si el descontento popular con la institucionalidad vigente es tan abrumador como vemos día con día en las movilizaciones sociales, ¿no será quizás éste el momento de dejar atrás para siempre esta “Soberanía de cartón”, exigir la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, y darnos por fin la Constitución democrática que tanto merecemos?. Les dejo la inquietud.

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2 Respuestas a “Caleidoscopio: La Constitución de 1980 y su Soberanía “de cartón”

  1. Su post tiene varias falacias. En primer lugar, la Constitución ha sufrido tal cantidad de modificaciones que ya no es ni la sombra de la original del 80, tal es así que ya nolleva la firma del general Pinochet, sino que la de Ricardo Lagos, eso dice todo en cuantoal cúmulo de modificaciones.
    En segundo lugar, no es verdad que la Asamblea Constituyente sean personas elegidas por el propio pueblo. Por lo demás, córtemola con eso del “pueblo” serían ciudadanos y no sólo una clase social como pretende Ud.. Bueno, volviendo al tema,. Ud no va a elegir a los miembros de la Asamblea, serán las cúpulas partidistas las que designarán los candidatos y Ud. no tendrá derecho a voz en la elección de esos candidatos y al final tendrá que optar por alguno de los propuestos por las cúpulas. Dónde está el procedimiento democrático del que Ud. tanto alardea.

  2. Mónica Fernández

    Hunter: El PUEBLO lo constituímos todas y todos los ciudadanos, en conjunto.
    La construcción democrática de una Constitución la hacen las ciudadanas y los ciudadanos en cada barrio, en cada comuna, aportando sus ideas y sus experiencias, debatiendo y consensuando. Cada persona participa en su calidad de ciudadana y ciudadano, nunca como miembro de un partido político u organización.
    La elección de los Delegados la hacen las y los ciudadanos, primero a nivel de barrio, luego de comuna, después a nivel regional y finalmente se realiza la elección de Delegados a nivel nacional, para la Asamblea Nacional Constituyente.
    Se trata de un proceso largo y hay documentos de muchos juristas internacionales sobre la constitución y funcionamiento de las asambleas constituyentes.
    Le comento todo esto para que se quede tranquilo.

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